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22 de agosto de 2019

En el marco del III Foro Social “Otro Oriente Antioqueño es posible” retos de la organización social en: democracia, desarrollo y paz, diferentes representantes de organizaciones sociales, líderes y lideresas de los veintitrés municipios del Oriente Antioqueño, nos reunimos con el fin de promover un espacio de conversación entre organizaciones del sector social, reflexionar sobre las actuales dinámicas territoriales, recrear las agendas, propuestas colectivas y consolidar nuestro ideario de región.

De igual forma plantamos propuestas que buscan contribuir a la gobernanza territorial del Oriente Antioqueño- a través de encuentros locales, Preforos zonales y el III Foro Social que hoy culminamos con la presentación de propuestas para ser incluidas en los planes de desarrollo Municipales y Departamental, si como en la Agenda Política de Concejos Municipales y en la Asamblea Departamental.

Para la realización de este foro se articularon alrededor de 250 líderes que representan organizaciones, movimientos y procesos sociales, siendo este un hecho significativo dentro de las dinámicas regionales.

Este foro hace parte de un proceso para la incidencia política, donde se actualizaron, ampliaron y complementaron agendas ciudadanas como una herramienta de concertación social con los candidatos a las alcaldías, concejos, asamblea y gobernación. Los ejes temáticos que resultaron de las reflexiones del proceso se centraron en: ejercicio de la democracia, visión de desarrollo y cultura de paz. 

Ejercicio de la democracia

La organización social y las diferentes formas de participación ciudadana en el oriente antioqueño, han venido atravesando por diversas experiencias que evidencian de manera estructural restricciones para el ejercicio de los derechos civiles. Al respecto, el señalamiento y la estigmatización del liderazgo social, el ataque sistemático a cualquier forma de organización ciudadana a raíz del contexto histórico en el marco del conflicto armado, ha propiciado que el ejercicio de la participación, y por ende, de la movilización, sigue siendo señalada, acorralada desde diferentes formas de exclusión: política, psicológica, físicas y desafortunadamente bajo formas legales e institucionales. 

Otro factor determinante en el deterioro de las organizaciones sociales y sus bases, son las cargas administrativas y tributarias para el funcionamiento y sostenimiento de ellas, lo que evidencia además el desconocimiento del estado frente a las dinámicas propias del sector social y solidario; y su falta de voluntad política para priorizar este sector en la agenda pública. Todo este contexto permite entender como algunos factores han venido debilitando la democracia local.

Reconociendo las adversidades descritas en el contexto anterior, los líderes y liderezas presentes en el III Foro Social del Oriente Antioqueño, proponen la derogación de las normas que vienen atacando la vida de las organizaciones sociales, en particular las relacionadas con asuntos tributarios, la creación de un Programa de Fortalecimiento Integral a las organizaciones sociales que contemple la Asesoría y asistencia técnica permanente y la formulación de un régimen especial que incentive la organización social; la reactivación a los espacios de participación ciudadana, formal y de iniciativa comunitaria, con asignación de presupuesto coherente que permita la generación de procesos de transformación en dichas estructuras, y por último, incentivar y apoyar las prácticas de control social y veeduría ciudadana, como estrategias de transparencia, lucha anticorrupción y fortalecimiento de la democracia.

Exigimos del Estado Municipal, Departamental y Nacional, garantizar derechos y condiciones para la libre expresión de la movilización social. Se propone que los cargos públicos sean seleccionados en procesos públicos y por meritocracia. Se debe diseñar y activar el protocolo de seguridad y protección a líderes sociales y defensores de DD.HH

Visión de desarrollo:

La Organización Social del Oriente antioqueño manifiesta que el proceso de implementación del enfoque del desarrollo en los territorios, ha carecido de la participación de las organizaciones sociales, desconociendo las dinámicas socioculturales propias de los territorios. 

En este sentido, surgen problemáticas alrededor del Ordenamiento territorial y la promoción del desarrollo enfocado exclusivamente en el incremento de capitales. Así, las organizaciones sociales buscan promover un desarrollo que considere las condiciones ecológicas y socioculturales del territorio, buscando consolidar un ideario de región fundamentado en la vida digna de las comunidades y la protección del patrimonio ambiental. 

Para esto se manifiesta con las siguientes propuestas:

  • Construcción de sistemas de movilidad que integren los municipios de forma adecuada y segura, promoviendo medios de transporte tradicionales y alternativos, privilegiando aquellos que no tienen afectación sobre el medio ambiente, y el mantenimiento de las vías actuales.
  • Aumento y mejoramiento de los sistemas de espacios públicos, promoviendo espacios verdes e infraestructura innovadora que aporta al cuidado del ambiente y a la salud de los ciudadanos.
  • Garantizar la pavimentación y adecuación de las vías intermunicipales. 
  • Mejoramiento de los sistemas viales rurales para garantizar el acceso a servicios y el mejoramiento de la comercialización de los bienes y servicios rurales producidos por los campesinos de la subregión. 
  • Implementar las políticas públicas de Distritos agrarios, Agricultura familiar y de Economía social y solidaria. 
  • Acompañar los procesos de actualización catastral en los municipios. 
  • Acompañar y fortalecer los procesos de reconversión productiva, agroecología y las buenas prácticas agrícolas, entre ellas, las encabezadas por las mujeres rurales. 
  • Reconocer e implementar los 13 acuerdos para la Custodia del Agua en el territorio.
  • Garantizar agua para el consumo humano, alimentos para la seguridad alimentaria y la protección de la cultura campesina.
  •  Frente a la anarquía del tema minero energético en la región, se insiste en realizar consulta previa a las comunidades campesinas, que las CAR realicen una planeación específica para determinar con criterios claros el límite de otorgamiento de licencias y fundamentalmente consideramos urgente que se apoye la reglamentación de ley que obligue a toda generadora de energía el pago de transferencias sin importar su tamaño.
  • Promover una reforma a la ordenanza 68 de 2016 que crea las Provincias Administrativas y de Planificación, para que se incluya un espacio de participación ciudadana que legitime las decisiones y acciones para su implementación.  De igual forma se solicita espacios de participación ciudadana en la actual formulación de los planes estratégicos provinciales.
  • Retomar e implementar el sistema de planificación departamental. 
  • Fortalecer el acceso y la calidad de los servicios de educación y salud en las zonas rurales, garantizando la pertinencia de los programas ofertados. 
  • Orientar la implementación de los Planes, Programas y Proyectos del departamento, hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, monitoreando el cumplimiento de sus metas. 

 

Cultura de paz: 

La cultura de paz como eje temático y transversal a las acciones desde el ámbito departamental, requieren del compromiso y voluntad de los dirigentes que hacen parte de los escenarios de decisión, para la puesta en marcha de estrategias contundentes que propicien la transformación cultural, social y política para la construcción de paz. El Oriente Antioqueño como territorio altamente afectado por el conflicto armado y marcado por secuelas que incluso han modificado las formas de relación y participación de la ciudadanía, requieren de la apuesta consciente y comprometida para la generación de acciones que aporten al posconflicto. Con ello, no se desconoce la responsabilidad de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo, pero es fundamental el compromiso de las administraciones locales y departamentales en el fortalecimiento de los espacios que permitan una participación y apropiación, aportando al ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

En este escenario de construcción colectiva, las organizaciones sociales proponen que haya un efectivo acompañamiento a los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia, que involucren la formación, sensibilización y asignación de presupuesto que permita su funcionamiento e incidencia; llevar al Plan de Desarrollo la Política de paz, reconciliación, y no estigmatización; que la oficina de paz Departamental direccione su trabajo hacia el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en la Habana; liderar la articulación entre los diferentes instancias del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no Repetición y apoyar el funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad.  Todo esto para entender la necesidad de que la cultura de paz es un elemento transversal en las agendas de gobierno locales y departamentales.

Se solicita la defensa e implementación del Pacto por la Paz firmado en San Carlos por 37 organizaciones en agosto de 2015, el cual se mantiene vigente y, la disposición de recursos económicos y técnicos para la implementación de Cátedras Ambientales y de la Paz en todas las instituciones educativas del territorio.

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